José Antonio Neme cuestiona disparidad en embargos y secretos bancarios

El periodista José Antonio Neme ha expresado su preocupación por la infiltración de organizaciones criminales en las instituciones financieras de Chile, especialmente tras la detención de una colaboradora de BancoEstado vinculada a un caso de lavado de activos.

La polémica se desató a raíz de la Operación Tokio, que desmanteló una red que habría movilizado cerca de 75 mil millones de pesos para el Tren de Aragua. Entre los formalizados se encuentra una empleada de BancoEstado, lo que llevó a la institución a calificar el hecho como de “mayor gravedad”, procediendo al bloqueo inmediato de sus accesos y al inicio de una exhaustiva auditoría interna.

Neme ha alertado sobre la gravedad de la situación, destacando que el crimen organizado estaría operando en entidades encargadas de resguardar el patrimonio nacional. Ante esto, BancoEstado levantó el secreto bancario de diversas cuentas tras solicitudes de la Fiscalía Metropolitana Sur para investigar delitos como extorsión y asociación criminal.

La comparación con las medidas tomadas por la Tesorería General de la República contra deudores ha avivado el debate. La institución busca recuperar más de $4 billones, embargando ya a 1.500 personas por cuotas impagas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Sobre este tema, el Presidente José Antonio Kast respaldó los embargos, señalando que “Cada uno es responsable de sus propios actos. Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta el desarrollo y progreso de la nación”. Neme ha utilizado esta postura para cuestionar las trabas en acceder a información financiera relacionada con el narcotráfico.

En paralelo, el Senado rechazó un proyecto sobre Inteligencia Económica, al no lograr los votos necesarios debido a ausencias por razones climáticas y viajes oficiales. Esta normativa permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir información bancaria sin orden judicial previa.

Neme ha criticado esta resistencia política, argumentando que es urgente modernizar las herramientas para combatir el lavado de activos, especialmente tras los eventos relacionados con la Operación Tokio que evidencian el uso de cuentas corrientes para actividades ilícitas.