Aumento de prestamistas en zona preocupa a víctimas

En la región, la expansión del negocio ilegal de los préstamos informales ha generado gran preocupación debido a su carácter extorsivo y al crecimiento constante del número de víctimas. Esta situación se agrava por la falta de acceso a financiamiento formal para cubrir necesidades inmediatas. La modalidad más conocida de este delito es el denominado "gota a gota", que no solo afecta a quienes solicitan los préstamos, sino que también limita las opciones laborales y económicas de sus allegados, ya que los prestamistas imponen condiciones abusivas en el momento del cobro, llegando incluso a recurrir a la violencia en casos extremos.

A nivel nacional, un 5,4% de los hogares solicitó préstamos informales en 2021, cifra que aumenta en zonas urbanas y sectores de menores ingresos. En el 82% de los casos, los solicitantes fueron rechazados previamente por la banca formal. Además, un 24% de los préstamos informales se realizaron con tasas anualizadas entre el 100% y el 500%, y un 19% con tasas entre el 500% y el 1.000%. Lamentablemente, las víctimas de estos grupos delictivos se ven impedidas de acudir al sistema judicial debido a la ilegalidad de estas operaciones financieras.

En cuanto a detenciones, en 2021 se desmanteló una banda dedicada al delito de usura en la región, integrada por dos colombianos y una mujer chilena que operaban bajo la modalidad "gota a gota". Según el Ministerio Público, entre 2017 y 2020, esta banda afectó principalmente a feriantes, pequeños transportistas y dueños de talleres mecánicos. Por otro lado, dos extranjeros de nacionalidad dominicana fueron condenados por retención forzada de un supuesto deudor de este tipo de préstamos.

El abogado y exfiscal regional Adrián Vega explicó que prestar dinero en Chile no es un delito, salvo que se cobre un interés por encima del máximo convencional, lo cual constituye usura según el Código Penal. Las estadísticas oficiales muestran un aumento significativo en las denuncias por delitos económicos con imputados desconocidos y conocidos, lo que refleja un incremento en este tipo de delitos.

Ante esta problemática, el senador Daniel Núñez presentó un proyecto de ley para tipificar como delito en el Código Penal el préstamo ilegal con usura extorsiva. Esta práctica delictual se ha extendido en diversos barrios del país y sirve como fuente de financiamiento para el crimen organizado. El proyecto propone sanciones penales que van desde los 10 hasta los 20 años de cárcel para aquellos que recurran a amenazas, violencia o engaños al momento del cobro de estos préstamos ilegales.

"Esta ley busca proteger a las familias más vulnerables que caen en la trampa del préstamo 'gota a gota' y son extorsionadas por verdaderas mafias. No podemos permitir que el crimen organizado se financie con el miedo de quienes no tienen acceso al crédito bancario", afirmó el senador Núñez.

El proyecto se inspira en experiencias internacionales como la colombiana, donde este tipo de préstamo informal violento está tipificado como un delito específico. El objetivo es combatir una importante fuente de financiamiento para el crimen organizado en los barrios locales.

Fuente: DiarioElDia Región