Descuartizador de La Serena: Problemas en extradición de José Medina

La solicitud de extradición de José Medina Ladera, principal acusado por las muertes de María José Zambra y Ana María Pizarro, continúa en suspenso, a la espera de la respuesta del gobierno venezolano. Entre medio, las familias de ambas mujeres viven días de profunda incertidumbre, mientras ven cómo el tiempo pasa sin que el acusado enfrente a la justicia en el país.

En efecto, el dolor sigue vivo y la necesidad de respuestas es cada vez más apremiante. Los familiares buscan que Medina sea juzgado en territorio nacional por los brutales crímenes de ambas mujeres ocurridos en 2019 y 2025, respectivamente, pero el proceso diplomático avanza con extrema lentitud.

Desde la fiscalía nacional, a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX), confirmaron que la Corte de Apelaciones de La Serena ya aprobó la solicitud de extradición hace varias semanas y que se gestionaba el envío formal de los antecedentes a Venezuela. Sin embargo, las gestiones siguen entrampadas.

En tanto, desde la Cancillería chilena explicaron que, tras la expulsión del personal diplomático chileno por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el caso enfrenta serios obstáculos para presentar el requerimiento oficial ante las autoridades del país caribeño, y as vías alternativas para avanzar en este proceso aún no logran destrabar la causa.

Plazos que se alejan

En conversación con El Día, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Edgar Fuentes-Contreras, explicó que la falta de relaciones diplomáticas afecta directamente los tiempos del proceso. Y aunque la ley fija plazos claros, la burocracia y la distancia entre los Estados terminan dilatando aún más la espera para las familias.

"El Código Orgánico Procesal Penal Venezolano establece que la detención preventiva con fines de extradición no puede superar los 60 días, plazo en el que Chile debe formalizar la solicitud. Luego, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tiene otros 30 días para decidir si la extradición procede. Pero los trámites administrativos pueden demorar mucho más, y ahí la falta de relaciones diplomáticas complica todo", explicó el académico.

Y estos plazos, que ya son ajustados, parecen aún más largos para las familias que buscan cerrar un capítulo doloroso. A la larga, la distancia con el imputado no es solo geográfica, sino que es emocional y jurídica.

Un proceso muy complejo

Para Ana María Araya, abogada de la familia de Ana María Pizarro, el proceso ha sido especialmente duro, pues la espera no solo es extenuante, sino que está llena de trabas.

"Desde que la Corte de Apelaciones acogió la solicitud de extradición, las gestiones diplomáticas han sido un camino cuesta arriba. El oficio fue enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores el 22 de mayo para que, a través del ministro Alberto Van Klaveren, se pudiera presentar formalmente la solicitud a las autoridades venezolanas. Pero la falta de relaciones bilaterales es una dificultad real que debemos sortear", explicó la abogada.

Araya reconoce que el proceso es judicialmente complejo y que la falta de colaboración entre ambos Estados marca una diferencia. "La ausencia de canales diplomáticos activos es un escollo importante. Pero la política internacional también ofrece mecanismos para enfrentar este tipo de situaciones y es allí donde depositamos nuestra esperanza", señaló.

Hasta el momento, la información que manejan las familias indica que Medina Ladera no tiene antecedentes en Venezuela y que en Chile mantenía una conducta irreprochable hasta antes de estos crímenes, lo que hace aún más desconcertante el perfil del acusado.

Cabe recordar que actualmente Medina permanece detenido en Venezuela bajo prisión preventiva, una medida que según la legislación local puede extenderse hasta por dos años, con posibilidad de ser ampliada dada la gravedad de los delitos. "Mientras la extradición no esté resuelta, Medina seguirá en prisión preventiva", agregó Araya.

No obstante, la abogada admite que es imposible establecer tiempos concretos. "Este es un proceso largo, con etapas diplomáticas y judiciales que no dependen solo de nosotros. Sería irresponsable aventurar fechas. Lo que sí sabemos es que esto será un proceso largo aliento", advirtió.

La traba constitucional en Venezuela

La defensa pública de José Medina en Venezuela, representada por Bárbara Zúñiga, sostiene que la Constitución de la República Bolivariana prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos, por lo que Medina no podría ser -en caso cumplirse a rajatabla- entregado a Chile. Sin embargo, Ana María Araya aclaró que esa misma legislación venezolana contempla excepciones.

"El Código Penal venezolano permite al Ejecutivo Nacional resolver estos casos antes incluso del Tribunal Supremo. Por lo tanto aunque se argumente una prohibición constitucional existe una vía excepcional para extradición", explicó Araya.

Precisamente esa posibilidad sostiene hoy día esperanza para las familias. Una esperanza enfrentada con burocracia y limitaciones diplomáticas pero firme porque detrás hay dos familias clamando por justicia sin intenciones rendirse.

Fuente: DiarioElDia Región