Fiscalía Regional de Coquimbo sigue investigación del Caso Papaya Gate

La investigación por presunto fraude al fisco, negociación incompatible y delitos tributarios, conocida como "Papaya Gate", fue oficialmente traspasada a la Fiscalía Regional de Coquimbo tras una decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia. La causa, formalizada en mayo de 2025, estaba hasta ahora en manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, pero desde este viernes comenzó el proceso de entrega de antecedentes, el cual se extenderá durante los próximos días.

En un comunicado emitido por la Fiscalía de Coquimbo se indicó que "la investigación será llevada por el Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad SAC de la región de Coquimbo. El Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, dispuso que dicho sistema sea el que se encargue esta etapa de investigación".

En la causa hay ocho personas imputadas, entre ellas la exintendenta regional Lucía Pinto y el exadministrador regional José Cáceres, quienes quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

El "Papaya Gate", denominado así por ocurrir en la capital regional, es el mayor escándalo de la administración pública en la Región de Coquimbo. El caso se centra en la compra de terrenos en el sector San Ramón de La Serena por parte del Gobierno Regional de Coquimbo.

La intención era destinar estos predios a un centro deportivo para suplir la pérdida de la exCordep, donde hoy se levanta el nuevo hospital de La Serena. Sin embargo, el monto pagado ascendió a más de 9.800 millones de pesos, lo que representaría un sobreprecio considerable, pues se estima que el valor real de la propiedad sería inferior a los 4 mil millones de pesos.

Tras años de investigaciones, querellas y comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, el caso llegó a una etapa crucial: la formalización de varios de sus protagonistas. Entre los investigados se encuentran la exintendenta Lucía Pinto, el exadministrador regional José Cáceres y ejecutivos vinculados a la empresa vendedora del predio.

En mayo de 2025, tras tres jornadas de audiencia, el tribunal definió medidas cautelares para la mayoría de los imputados, descartando la prisión preventiva. A Pinto y Cáceres se les impuso arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras que uno de los empresarios quedó sin cautelares debido a la falta de antecedentes que acreditaran participación dolosa directa.

El tribunal también aplicó firma mensual y arraigo nacional a cinco empresarios vinculados a delitos tributarios.