Funcionaria de MIDESO altera RSH de su hijo para obtener gratuidad

Una denuncia contra una funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Coquimbo ha sido remitida al Ministerio Público luego de que la Contraloría Regional enviara los antecedentes para su análisis.

Según información del Diario El Día, la denuncia se centra en una presunta modificación en el Registro Social de Hogares (RSH) que, según sostiene el denunciante, tenía como objetivo facilitar el acceso del hijo de la funcionaria a la gratuidad en la educación superior.

La presentación fue realizada por una persona cuya identidad se mantiene bajo reserva y apunta a una funcionaria que actualmente se desempeñaría como coordinadora regional de niñez de la repartición.

De acuerdo con la acusación, la funcionaria habría retirado a su hijo de su propio grupo familiar registrado en el RSH para incorporarlo al hogar de su madre. El denunciante sostiene que el cambio buscaba alterar la situación socioeconómica considerada para acceder al beneficio estudiantil.

Hasta el momento, estos son hechos contenidos en una denuncia y no han sido corroborados por una autoridad competente.

Los antecedentes fueron remitidos a Fiscalía

La presentación fue analizada por la Contraloría Regional de Coquimbo, que respondió mediante el Oficio N° OF42251/2026, fechado el 2 de marzo de este año. En términos simples, el organismo determinó que no le correspondía investigar si los hechos denunciados podían constituir un delito, ya que esa tarea recae en el Ministerio Público. Por esta razón, Contraloría se abstuvo de pronunciarse sobre posibles responsabilidades penales y remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional de Coquimbo.

Ahora será el Ministerio Público quien revisará la información recibida y determinará si es necesario realizar diligencias para esclarecer lo ocurrido y si existen posibles responsabilidades.

Desarrollo Social inicia sumario

A la derivación de los antecedentes a Fiscalía se suma una decisión adoptada por la propia Seremi de Desarrollo Social y Familia de Coquimbo. Consultado por Diario El Día, el seremi Gonzalo Cortés Urra aseguró que la repartición regional no ha sido informada formalmente por Contraloría ni por el Ministerio Público acerca de la investigación. Pese a ello, señaló que, a partir de los antecedentes conocidos, se resolvió iniciar un sumario administrativo para esclarecer la situación.

"Como secretaría regional no hemos sido informados por parte del Ministerio Público ni la Contraloría General de la República acerca de esta investigación. En el caso de que nos sea requerido por parte de dichos organismos, nos pondremos a su disposición para colaborar. Sin perjuicio de ello y ante los antecedentes conocidos, esta secretaría regional decidió instruir un sumario administrativo para esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades", afirmó la autoridad.

Así, mientras Fiscalía analizará los antecedentes derivados por Contraloría, en Desarrollo Social se llevará a cabo un proceso administrativo destinado a determinar lo ocurrido y si existen responsabilidades relacionadas con la situación denunciada.