Gahona: Sin irregularidades en labor parlamentaria tras allanamiento

El senador Sergio Gahona se pronunció sobre la diligencia realizada por la Policía de Investigaciones en su oficina parlamentaria, en el marco de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la Brigada Anticorrupción de la PDI.

La pesquisa indaga posibles irregularidades relacionadas con licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb, centrándose en la empresa SOSER S.A., vinculada a millonarios contratos para servicios de alimentación escolar. Las acciones fueron autorizadas por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, a solicitud de la fiscal Constanza Encina, e incluyeron allanamientos e incautaciones en distintas regiones del país.

Además de Gahona, las diligencias alcanzaron al senador Miguel Ángel Calisto y al exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez. La investigación busca determinar un posible mecanismo de corrupción asociado a la entrega de información reservada, intervención en decisiones administrativas, gestión de adjudicaciones y presiones para remover funcionarios ligados a labores de fiscalización.

"Estoy tranquilo", expresó Gahona. "He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad".

El senador aseguró haber colaborado con el procedimiento y manifestó su disposición a esclarecer los hechos. "Junto a mi equipo legal realizaremos todas las acciones destinadas al esclarecimiento de los hechos. Confío en que en la investigación quedará acreditado que no existe ninguna irregularidad en mis actuaciones como parlamentario", afirmó.

Gahona reiteró su compromiso de colaborar con la investigación y expresó confianza en que las diligencias permitirán descartar cualquier irregularidad relacionada con su desempeño legislativo. La causa se originó inicialmente por contratos adjudicados a SOSER para entregar alimentación en establecimientos educacionales de la Región de O'Higgins, ampliando su alcance hacia posibles irregularidades en procesos licitatorios y vínculos entre funcionarios públicos, privados y personas del ámbito político.

Las diligencias están en curso como parte de una investigación en desarrollo, por lo que cualquier responsabilidad eventual deberá ser determinada por los tribunales competentes.