Querellas apuntan a privados en Caso Corporación

Tras el anuncio de la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, sobre la ampliación de la querella por las irregularidades detectadas en la Corporación Gabriel González Videla (CGGV), el abogado externo, Adrián Vega, presentó un detallado informe que revela cómo operaron empresas privadas que habrían cobrado por servicios no realizados. Algunas de estas empresas registraron gastos rechazados y otros servicios no prestados. En respuesta a esto, el municipio ha presentado querellas contra las empresas CIMPAQ y Excelencia Educativa, así como contra Mario Fernández Sánchez, representante legal de Servicios Técnicos TELMAR SpA.

Una auditoría interna en el área de educación liderada por Adrián Vega reveló graves irregularidades en el manejo de recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferente (SEP). Se detectaron contrataciones simuladas, pagos por servicios no realizados, desvíos de fondos y doble contratación, con un perjuicio estimado en más de 5.500 millones de pesos.

La investigación se centró en dos áreas clave: los contratos de asistencia técnica educativa con empresas controladas por Ricardo Calderón Villalobos, donde se registraron gastos rechazados entre 2019 y 2020; y la contratación de servicios profesionales que directores escolares desconocían. Se identificaron 95 personas que habrían recibido pagos sin prestar los servicios correspondientes. Además, se firmó un nuevo contrato con Excelencia Educativa por 480 millones de pesos anuales sin objetivos claros.

Según el informe presentado, entre 2014 y 2024 se realizaron pagos sin respaldo por aproximadamente mil millones de pesos. Adrián Vega señaló que existía un modus operandi que implicaba contrataciones duplicadas y prestaciones inexistentes en educación y otras áreas de la Corporación.

En relación a la acción judicial contra Mario Fernández Sánchez por presunta estafa, fraude al Fisco y asociación ilícita, se informó que entre 2018 y 2024 se suscribieron varios contratos con TELMAR por un monto superior a 2.056 millones de pesos para diversos servicios. La empresa no contaba con la autorización necesaria para operar como entidad de seguridad privada.

Ante estos nuevos antecedentes, la alcaldesa Daniela Norambuena destacó el trabajo realizado por los profesionales encabezados por Adrián Vega, indicando que "esto nos ha permitido tener la evidencia concreta para poder presentar las querellas en donde hay una línea de trabajo en materia legal".