Polémica publicación de periodista de Slep Elqui

La instalación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui, encargado de la administración de la educación pública en La Serena, La Higuera, Vicuña y Paihuano, ha sido marcada por una serie de nombramientos a contrata que aseguran cargos y remuneraciones hasta el 31 de diciembre de 2026. Varios de estos nombramientos cuentan con sueldos que superan los $2 millones mensuales, llegando incluso a los $4 millones.

Uno de los episodios que ha generado mayor controversia tuvo lugar el mismo día del cambio de mando presidencial. En esa ocasión, el periodista del servicio Carlos Cerda publicó en redes sociales una historia en la que se le ve levantando el puño frente a un retrato del presidente Gabriel Boric. En la imagen escribió: "Unidad, unidad y unidad. Señoras y señores, declaro iniciada la era de la resistencia". Esta publicación, aparentemente realizada desde una oficina, ha generado cuestionamientos al haber sido difundida durante horario laboral, lo que plantea dudas sobre la neutralidad política esperada de los funcionarios públicos.

¿QUÉ DICE LA LEY?

La abogada y magíster en Derecho Público María José Lira, especialista en derecho administrativo, explica que en la administración pública chilena muchos cargos se desempeñan bajo la modalidad a contrata, lo que permite a los servicios nombrar funcionarios sin necesidad de realizar concursos públicos obligatorios. "Cuando hablamos de funcionarios contratados bajo la modalidad de contrata, la ley no exige que sea mediante concurso público. En general son cargos designados directamente, sin perjuicio de que el servicio, por transparencia o buenas prácticas, decida llenarlos mediante concursos", señala.

La jurista agrega que, aunque los contratos estén extendidos hasta diciembre de 2026, no significa que los funcionarios sean inamovibles. "La mayoría fue renovada por todo el 2026, pero es posible poner término anticipado. Sin embargo, esa decisión debe estar muy fundamentada, porque si no se cumple un estándar objetivo el funcionario podría volver al servicio o el Estado terminar pagando igualmente sus remuneraciones", advierte.

Este caso vuelve a plantear un debate recurrente en la administración pública: la delgada línea entre confianza política y profesionalización del Estado. Para Lira, tener una postura política no constituye un impedimento para trabajar en el sector público. "Todo funcionario público, incluido el Presidente de la República, tiene una postura política y eso no constituye una inhabilidad para trabajar en la administración del Estado, mientras esas actividades se realicen fuera del horario laboral y sin utilizar recursos públicos", explica.