Slep Elqui: Contratos millonarios y personeros de exoficialismo

La instalación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui, organismo encargado de administrar la educación pública en La Serena, La Higuera, Vicuña y Paihuano, quedó marcada por una serie de nombramientos a contrata que aseguran cargos y remuneraciones hasta el 31 de diciembre de 2026, varios de ellos con sueldos que superan los $2 millones y alcanzan incluso los $4 millones mensuales.

Los antecedentes disponibles en Transparencia revelan que diversos puestos estratégicos del servicio fueron ocupados desde 2025 con contratos extendidos por todo el año 2026. Entre ellos aparecen cargos en áreas como comunicaciones, planificación, gestión territorial, gabinete o asesoría jurídica. Se trata de profesionales que mantienen vínculos políticos con partidos de la coalición del gobierno saliente, lo que ha abierto cuestionamientos sobre los criterios utilizados en la conformación del equipo.

CARGOS ESTRATÉGICOS Y VÍNCULOS POLÍTICOS

Entre los nombres que aparecen en la nómina está Ana María Silva Chacón, periodista y encargada de Gestión y Vinculación Territorial del SLEP Elqui, con una remuneración de $3.098.959. Silva es conocida en el ámbito regional por su cercanía con el Partido Socialista y por haber sido presidenta del Colegio de Periodistas de la Región de Coquimbo.

En el área técnica aparece Alex Garrido Tapia, arquitecto responsable de Planificación y Estudios de Infraestructura y Mantenimiento, con ingresos de $3.410.551. Garrido fue candidato a alcalde de La Serena por el partido Comunes, hoy parte del Frente Amplio.

También figura Marily Escobar Oviedo, educadora diferencial que se desempeña como coordinadora de Formación y Desarrollo Integral, con una remuneración de $2.842.423. Escobar se desempeñó previamente como delegada presidencial provincial del Limarí, cargo que dejó tras cuestionamientos a su gestión.

En el área de comunicaciones se encuentra Carlos Cerda Ramírez, periodista con ingresos de $2.400.635. Según antecedentes recopilados, su ingreso no habría sido mediante concurso público y se le vincula políticamente con el Partido Comunista, además de haber trabajado como periodista del excandidato a gobernador regional Javier Vega.

La nómina incluye también a Rocío Alcayaga Mondaca, abogada y coordinadora del Departamento Jurídico, con una remuneración de $4.014.813 mensuales. Alcayaga es hija de Eduardo Alcayaga, exseremi y exdelegado provincial del Limarí vinculado al Partido Socialista.

REDES SOCIALES Y POLÉMICA

Uno de los episodios que generó mayor controversia ocurrió el mismo día del cambio de mando presidencial. Ese día, el periodista del servicio Carlos Cerda publicó una historia en redes sociales en la que aparece levantando el puño frente a un retrato del presidente Gabriel Boric.

"Unidad, unidad y unidad. Señoras y señores, declaro iniciada la era de la resistencia".

La publicación —aparentemente realizada desde una oficina— generó cuestionamientos, ya que habría sido difundida en horario laboral, lo que abre interrogantes sobre la neutralidad política que se espera de funcionarios públicos.

¿QUÉ DICE LA LEY?

La abogada y magíster en Derecho Público María José Lira, especialista en derecho administrativo, explica que en la administración pública chilena muchos cargos se desempeñan bajo la modalidad a contrata, lo que permite a los servicios nombrar funcionarios sin necesidad de realizar concursos públicos obligatorios.

"Cuando hablamos de funcionarios contratados bajo la modalidad de contrata, la ley no exige que sea mediante concurso público. En general son cargos designados directamente, sin perjuicio de que el servicio, por transparencia o buenas prácticas, decida llenarlos mediante concursos", señala.

La jurista agrega que aunque los contratos estén extendidos hasta diciembre de 2026 no significa que los funcionarios sean inamovibles.

"La mayoría fue renovada por todo el 2026 pero es posible poner término anticipado. Sin embargo esa decisión debe estar muy fundamentada porque si no se cumple un estándar objetivo el funcionario podría volver al servicio o el Estado terminar pagando igualmente sus remuneraciones", advierte.

El caso vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la administración pública: la delgada línea entre confianza política y profesionalización del Estado.

Para Lira tener una postura política no constituye un impedimento para trabajar en el sector público.

"Todo funcionario público incluido el Presidente tiene una postura política y eso no constituye una inhabilidad para trabajar en la administración del Estado mientras esas actividades se realicen fuera del horario laboral y sin utilizar recursos públicos", explica.

RESPUESTA DE SLEP

Al ser consultados por El Día desde el Servicio Local de Educación Pública Elqui señalaron que la administración central cuenta actualmente con una dotación de 78 funcionarios entre ellos seis directivos seleccionados mediante el sistema de Alta Dirección Pública además de personal de planta y a contrata.

Indicaron además que la mayoría corresponde a profesionales con experiencia en el sector público y privado y que los funcionarios de planta provienen por mandato legal de los municipios o de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena.

Desde la institución añadieron que los primeros funcionarios que ingresaron a contrata entre septiembre 2024 y 2025 fueron seleccionados tras una revisión exhaustiva antecedentes y entrevistas realizadas por directivos Dirección Educación Pública propio SLEP Elqui.

"Los antecedentes laborales fueron revisados manera exhaustiva postulantes fueron seleccionados luego entrevistas considerándose cumplían perfil profesional han desempeñado sus cargos ética compromiso rigurosidad como funcionarios públicos", señalaron.

Fuente: DiarioElDia Región