Defensoría de la Niñez alerta por proyecto migratorio que restringe beneficios

La Defensoría de la Niñez ha expresado su profunda preocupación ante el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 21.325 de Migración y Extranjería, argumentando que dicho proyecto introduce restricciones al acceso de beneficios financiados con recursos fiscales para niños, niñas y adolescentes migrantes.

De acuerdo con la Defensoría, el texto aprobado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara contiene disposiciones que vulneran derechos fundamentales establecidos en la Constitución, la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales ratificados por Chile.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, ha criticado directamente el contenido del proyecto, señalando que este excluye a menores migrantes del acceso a derechos sociales debido a su condición migratoria. En sus palabras: “El Estado debe fortalecer políticas públicas, no restringir derechos. La niñez migrante merece igualdad y dignidad. Debemos garantizar que ningún niño migrante quede en una situación de desprotección de sus derechos”.

En el marco de su mandato legal, la Defensoría ha enviado recomendaciones a través del Oficio 1310/2025, insistiendo en que todos los niños, niñas y adolescentes en territorio nacional tienen los mismos derechos, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Asimismo, ha recordado que la Ley de Garantías prohíbe cualquier forma de discriminación arbitraria por origen, situación migratoria o condición de refugiado, obligando al Estado a garantizar igualdad real y efectiva.

Según el organismo, las disposiciones del proyecto que introducen criterios de priorización en áreas como salud y educación a favor de la población nacional podrían contravenir el principio de no discriminación y representar una regresión en derechos sociales ya reconocidos. En palabras de Quesille: “La respuesta del Estado debe orientarse a fortalecer políticas públicas inclusivas, no a establecer limitaciones que afecten a la niñez migrante”.

La Defensoría ha recordado que previamente había realizado observaciones al proyecto originado en el Mensaje que modifica la Ley de Migración y Extranjería (Boletín 16.072-06), destacando que la falta de cobertura en servicios públicos no debe resolverse restringiendo derechos fundamentales, sino mediante políticas educativas y sanitarias acordes con las transformaciones demográficas del país.

Finalmente, Quesille ha instado al Congreso a legislar con un enfoque basado en derechos y ha reiterado: “ningún niño debe ser privado de sus derechos fundamentales por consideraciones exclusivamente asociadas a su estatus migratorio”.