Formalización de exseremi de Salud en Magallanes por violación

La justicia chilena ha dado inicio a la investigación formal contra Fabián Barrientos Andrade, quien ocupaba el cargo de secretario regional ministerial de Salud hasta el pasado fin de semana. El caso que ha llevado a la renuncia de esta autoridad, a petición del Gobierno, se centra en los eventos ocurridos entre la noche del viernes 24 y la madrugada del sábado 25 de julio.

Según los antecedentes proporcionados por la Fiscalía, la investigación se inició tras la denuncia de un hombre que trabajaba como escort. Este individuo afirmó que, durante su estancia en la residencia de Barrientos en Punta Arenas, el acusado le suministró clonazepam y “una segunda pastilla de color azul, de sabor dulce, que debía disolverse bajo la lengua”.

De acuerdo con el relato de la víctima, después de ingerir las sustancias quedó inconsciente, momento que habría sido aprovechado para llevar a cabo la agresión. La fiscalía detalló que al despertar, el afectado experimentó un “fuerte dolor anal, secreciones atribuibles a actividad sexual y sangrado”, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de violencia sexual en el Hospital Regional.

En su declaración voluntaria ante la PDI, el exsecretario regional de Salud negó rotundamente haber suministrado drogas y presentó una versión diferente de los hechos. Barrientos afirmó que mantenía una relación habitual cliente-escort con el denunciante desde 2024 y que el altercado comenzó cuando este último le exigió un pago adicional de $200.000.

Según información de la Unidad de Investigación de Bío Bío Chile, el acusado declaró: “Él me pidió plata, la suma de $200.000 ya que los necesitaba urgente (…) yo le dije que no, me hice el loco. Regresé a casa y M.L. estaba eufórico… Estaba agresivo, me volvió a pedir plata”.

Según su testimonio, fue Barrientos quien cruzó la calle para pedir ayuda a un vecino argumentando que alguien “se había vuelto como loco y me quería robar”, lo que provocó la intervención de Carabineros.

Tras la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas rechazó la solicitud de prisión preventiva, imponiendo medidas como el arraigo nacional y una prohibición absoluta de acercarse a la víctima.

A pesar de no haberse detectado lesiones físicas en la zona anal en los exámenes médicos iniciales, el Ministerio Público ha destacado que están pendientes peritajes toxicológicos y bioquímicos considerados “clave para la imputación”.

El tribunal ha establecido un plazo de 4 meses para la investigación, con el objetivo de esclarecer si hubo suministro de fármacos y agresión sexual tal como fue denunciado.