Gobierno ajusta norma de despidos tras críticas

Tras la fuerte controversia generada por la llamada “ley de amarre”, el Gobierno ha decidido retroceder y ajustar la normativa que regula las condiciones de desvinculación de trabajadores públicos incluidos en el proyecto misceláneo del Presupuesto.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció la modificación, indicando que en respuesta a las críticas, se ha aumentado de 2 a 5 años el tiempo de servicio continuo requerido para que un funcionario a contrata pueda apelar ante la Contraloría General de la República por un despido considerado injustificado.

Inicialmente, la propuesta permitía que aquellos con al menos dos años en contrato pudieran acudir a dicho organismo, lo cual provocó protestas desde la oposición al considerarla innecesaria e incluso como un intento de proteger empleos, generando tensiones dentro de la coalición oficialista.

Grau también desmintió rumores sobre protecciones a cargos políticos, asegurando que, por primera vez, "se establecerá por ley que quienes ocupan puestos de confianza política deberán cesar sus funciones el 11 de marzo", coincidiendo con el cambio de gobierno.

En una entrevista con Radio Duna, Grau explicó: “Lo que presentamos fue que quienes tenían este derecho a reclamo en la Contraloría eran personas que estaban a contrata al menos hace 2 años, y cambiamos ese número de 2 a 5 años”. Además, agregó: “Por lo tanto, ese derecho no va a estar para las personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración”.

A pesar de los ajustes realizados, algunos sectores de la oposición mantienen su rechazo a la iniciativa, argumentando que aún deja desprotegidos a funcionarios con menos de cinco años de servicio y que la jurisprudencia actual ya contempla mecanismos suficientes para revisar despidos sin necesidad de una nueva normativa.

Con estos cambios, el Gobierno busca recuperar apoyos en un Congreso dividido y avanzar en la tramitación de un paquete legislativo que incluye el reajuste salarial y otras cuestiones relacionadas con el sector público.