Junji mantiene como directora a educadora acusada de destruir registros de lesiones

Una investigación periodística publicada por el medio independiente CIPER expuso detalladamente que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene en sus funciones a una educadora de párvulos que fue sancionada por destruir registros institucionales clave relacionados con las lesiones corporales severas de un niño de casi dos años, quien luego fue víctima de abuso sexual y homicidio en 2022.

Según el reportaje de CIPER, la funcionaria ahora es directora en otro recinto de educación parvularia en la Región Metropolitana. Anteriormente, fue suspendida por tres meses y se le redujo su remuneración tras eliminar intencionalmente registros sobre las lesiones del menor antes de su muerte.

La investigación revela que varias trabajadoras detectaron moretones en el niño, pero la directora subrogante no realizó la denuncia correspondiente, omitiendo los protocolos de resguardo establecidos por el Estado.

Tras la muerte del niño, la funcionaria acudió al jardín infantil para destruir un documento oficial y ordenó modificar el registro original, argumentando que la descripción de las lesiones era "muy fuerte". A pesar de las faltas graves, la Junji decidió no destituirla.

La institución afirmó que el procedimiento disciplinario concluyó y que se actualizaron los protocolos para casos similares desde 2024. En el ámbito judicial, la abuela del niño presentó una querella contra la profesional por infidelidad en la custodia de documentos públicos.

La causa penal terminó con una suspensión condicional del procedimiento para la directora, quien debe cumplir con medidas como firmar mensualmente durante un año y ofrecer disculpas públicas a la familia afectada. Tanto la madre como el padrastro del menor fueron detenidos en 2022; este último fue encontrado muerto en su celda dos días después.