Una preocupación significativa existe en los ciudadanos chilenos por el uso que las empresas o instituciones hacen de sus datos personales. Según el estudio “El Ciudadano y su Privacidad”, de la consultora Customer Trigger y el Observatorio de Sociedad Digital de la Universidad de Chile, un 93% está “muy preocupado” de que organizaciones usen sus datos para fines distintos a los solicitados.

A su vez, un 92% considera “muy importante” compartir su información personal con un tercero. En contraste, la “comodidad” respecto del “tipo de datos” personales que actualmente comparten los ciudadanos con las organizaciones alcanza solo al 22%, mientras que en relación con la “cantidad de datos” es de un 19%.

El trabajo, que recoge la percepción de la ciudadanía en torno al resguardo de su privacidad y el intercambio de sus datos personales, señala que un 89% de los ciudadanos consideran que las “organizaciones” son las que más se benefician del intercambio de datos personales. Solo un 38% ve sus datos personales como un “activo negociable” para obtener mejores precios y ofertas.

Propiedad y responsabilidad

De acuerdo con el estudio, ocho de cada 10 personas reconocen la propiedad de sus datos. En ese sentido, el comentario general de la investigación es que el nivel de conciencia de los ciudadanos es alto, llegando al 78%.

Sin embargo, cuando se trata de “compartir datos a cambio de un beneficio económico”, solamente el 25% de las personas manifiesta estar de acuerdo.

El 52% de los ciudadanos dice estar de acuerdo con el “intercambio de datos personales entre organismos públicos”, cuestión muy diferente cuando se trata del intercambio de los mismos entre organizaciones comerciales, algo que solo el 10% manifiesta aprobar.

Acerca de la “responsabilidad última en la seguridad de sus datos”, el 46% cree que la tiene el “consumidor”, siendo el segmento “omnicanal” el que más responsabilidad asigna al cliente.

En tanto, apenas un 22% de los chilenos es “consciente de la existencia de una ley que regula la protección de datos”, situación que se ve acentuada al constatarse que el 77% desconoce la existencia de un proyecto que modifica esta ley.

Bases de una inseguridad

Danielle Zaror, abogada e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, comentó acerca de este estudio que “las personas manifiestan mayor inseguridad cuando quien recoge los datos es una organización privada”.

La experta participó en el seminario Huella Digital, realizado por para presentar el mencionado estudio, oportunidad en que dijo que las acciones de las organizaciones deberían estar orientadas a incrementar los niveles de confianza. Aquello “se puede alcanzar informando para qué se recolecta el dato, el plazo por el que guardará y quién es el responsable de administrarlo”, añadió.

El ex senador Felipe Harboe, quien participó activamente en proyectos de regulación, dijo por su parte que el Estado es un gran ausente en esta materia. “Cuando un ciudadano se siente con el poder suficiente para sacar una base de datos y venderla tenemos un problema, porque implica que el Estado no está resguardando el uso eficiente del dato”, sostuvo.

Formación y autorregulación

Según Macarena Gatica, abogada y vicepresidenta del Consejo de Ética y Autorregulación de AMDD, los ciudadanos saben que los datos son de su propiedad por un sentido de pertenencia, “pero no porque sepan que están protegidos en una ley o en la Constitución”.

En este sentido, la profesional, socia del Estudio Alessandri, hizo un llamado a una mayor información y a educación por parte de la ciudadanía, destacando la labor que desarrolla en ese sentido el docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y CEO de Customer Trigger, Cristián Maulén.

En la oportunidad, Maulén lanzó su segundo libro, titulado “Huella Digital”, en el cual entrega claves para articular la confianza entre las organizaciones y la ciudadanía.

Destacó el académico que está pendiente aún que las empresas tomen el camino de la autorregulación y se comprometan a formar equipos capacitados que se preocupen de los estándares de regulación y políticas que manejan las compañías trabajan con los datos personales de la ciudadanía.