Alcaldesa de La Serena busca casino de juegos

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraight, han presentado una solicitud al Presidente de la República, José Antonio Kast, para estudiar una modificación legal que reduzca de 70 a 50 kilómetros la distancia mínima entre casinos de juego.

Esta propuesta tiene como objetivo permitir que más ciudades puedan acceder a evaluaciones para futuros proyectos de inversión, fortaleciendo así el desarrollo económico, turístico y laboral de los territorios. Según explicaron las autoridades comunales, la normativa actual limita las posibilidades de crecimiento de varias comunas que, a pesar de tener población, infraestructura, conectividad y actividad económica suficientes, no pueden siquiera optar a la evaluación de un proyecto debido a la cercanía de casinos en ciudades vecinas.

"Esta solicitud reviste una gran importancia, ya que permitirá que tanto nuestra ciudad como otras comunas del país accedan a nuevos recursos, inversiones y empleos. Actualmente, el desarrollo local se ve limitado por la normativa de distancia mínima para la instalación de casinos. Nuestro objetivo es promover una distribución más equitativa de los recursos municipales, evitando asimetrías entre comunas", señaló la alcaldesa Daniela Norambuena.

La jefa comunal añadió que la iniciativa también busca fortalecer alianzas entre municipios que enfrentan una realidad similar, destacando el trabajo conjunto impulsado con Puerto Montt. Por su parte, el alcalde Rodrigo Wainraight afirmó que flexibilizar esta norma permitiría generar mayores recursos para las comunas y potenciar el desarrollo turístico regional.

"Esta medida podría sumarse a los esfuerzos que estamos realizando para impulsar el desarrollo económico, el empleo y consolidar a Puerto Montt como la capital turística de la Región de Los Lagos. Un casino sería un paso importante dentro de una serie de proyectos estratégicos para la ciudad", indicó.

En la carta dirigida al Mandatario, ambos alcaldes enfatizan que una eventual reducción de la distancia mínima no significaría autorizaciones automáticas ni cambios en los estándares de evaluación establecidos por la ley. Por el contrario, plantean que la modificación permitiría ampliar las oportunidades para que más ciudades participen legítimamente en estos procesos.

Asimismo, sostienen que la medida podría traducirse en mayores niveles de inversión privada, generación de empleos, fortalecimiento de las finanzas municipales y una mayor capacidad de las regiones para impulsar su propio desarrollo económico y turístico.