Corporación GGV pagó $1.339 millones a 'trabajadores fantasmas'
Informe interno revela que 21 trabajadores recibieron honorarios por trabajos inexistentes sin contrato.
9 de julio de 2025
En enero de 2025, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, presentó dos querellas legales: una contra el exalcalde Roberto Jacob por apropiación indebida de cotizaciones previsionales y otra contra responsables de fraude al fisco, giro doloso de cheques y contratación de funcionarios fantasmas. Estas acciones judiciales anticipaban un informe reservado que confirmaría un desfalco sistemático que operó durante varios años bajo la desidia institucional.
El informe, basado en una investigación reactivada en abril de 2024, reveló un sofisticado esquema de corrupción que sustrajo $1.339.632.934 de las arcas de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMGGV) entre 2015 y 2021. Una red de funcionarios y proveedores externos emitió 687 boletas falsas por servicios nunca prestados, aprovechando fallas estructurales de control que persistieron durante tres administraciones municipales.
La alcaldesa Norambuena destacó que su equipo fue el encargado de detectar y denunciar estos hechos: "Hablamos de un fraude que se arrastra desde hace años, con pagos sin respaldo, boletas falsas y una total falta de control en la corporación municipal". Gracias a políticas de auditorías permanentes, lograron destapar lo que otros pasaron por alto.
La investigación descubrió que 21 personas recibieron pagos millonarios mediante 407 boletas ideológicamente falsas durante la pandemia. Casos escandalosos incluyen boletas por supuestos "talleres de mueblería" y labores de "monitora social" nunca realizadas.
En el Departamento de Salud, exfuncionarios lideraban una red que falsificaba documentos, retenía comisiones y desviaba fondos a cuentas personales. Empresas facturaron millones sin respaldo, evidenciando una debilidad estructural en el control interno.
El informe alerta sobre posibles desfalcos mayores e irregularidades anteriores a 2015 en otros departamentos. Se sugiere que vículos familiares y favores políticos protegieron a los involucrados, algunos reubicados tras ser cuestionados.
En resumen, el desfalco detectado podría ser solo "la punta del iceberg" y se recomienda investigar periodos anteriores a 2015 y otros departamentos. El total defraudado supera los $1.339 millones entre 2015 y 2021.
Durante la investigación, el Departamento de Salud mostró renuencia a ajustarse a procedimientos administrativos y reparos formulados por unidades de fiscalización. La falta de controles efectivos profundizó la situación en una de las áreas más sensibles de la administración municipal.
Fuente: DiarioElDia Región
