Embargan Corporación GGV: Oficinas con bienes agrupados
Según Diario El Día, la Corporación Gabriel González Videla ha reunido equipos tecnológicos y otros bienes en sus oficinas para facilitar un procedimiento judicial por una deuda superior a los $100 millones.
11 de junio de 2026
En las próximas horas, se espera que se concrete el embargo de bienes en las dependencias de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV), según lo ordenado por el Tribunal de Letras de La Serena. Esta medida se enmarca en una demanda por el cobro de facturas que superan los $100 millones y afectará al mobiliario y diversos artículos pertenecientes a la corporación.
La acción judicial tiene su origen en dos licitaciones realizadas en 2022 para trabajos de conservación en el colegio Javiera Carrera. Según los antecedentes, estas obras no fueron ejecutadas en su totalidad, pero las facturas correspondientes fueron cedidas a una empresa de factoring. Ante la falta de pago y la ausencia de un acuerdo con la actual administración, la empresa decidió recurrir a los tribunales, quienes finalmente ordenaron el embargo.
De acuerdo con información obtenida por Diario El Día, en los últimos días los funcionarios habrían recibido instrucciones para concentrar y ordenar equipos tecnológicos y otros bienes en distintos sectores de las oficinas. Esto se hace con el objetivo de facilitar y agilizar el eventual procedimiento de embargo cuando este se lleve a cabo.
Se ha señalado que parte del mobiliario permanecerá en las dependencias, mientras que los equipos tecnológicos serán retirados como parte de la diligencia judicial. Imágenes obtenidas muestran oficinas prácticamente vacías, luego de que computadores y otros implementos fueran agrupados a la espera del procedimiento.
Desde la CGGV ya habían advertido que esta situación es consecuencia de decisiones tomadas durante la administración anterior y que podría afectar el funcionamiento de áreas administrativas y de cementerios, donde actualmente trabajan cerca de 150 funcionarios.
Cabe destacar que la demanda exige el pago de dos facturas emitidas en septiembre de 2022 por montos de $57.380.086 y $43.035.064, recursos que fueron adquiridos por una empresa de factoring que ahora está impulsando la cobranza judicial.
Fuente: DiarioElDia Región
