25 de abril de 2025
Diario El Día tuvo acceso exclusivo a un documento a través del cual la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, solicita expresamente que se fije una audiencia de formalización por delitos de fraude al fisco y otros, a los imputados por el mediático caso “Papaya Gate”, que salió a la luz pública en septiembre de 2020, cuando el gobierno regional de la época, liderado por la exintendenta Lucía Pinto, adquirió terrenos en el sector oriente de La Serena, por casi 10 mil millones de pesos.
En concreto, de acuerdo a la solicitud de la fiscalía de Valparaíso, a la exintendenta Lucía Pinto, se le acusa de ser la presunta autora del delito de fraude al fisco consumado y sancionado por el artículo 239 del Código Penal, cometido en La Serena, en el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y agosto de 2020.
Por su parte, José Cáceres, exadministrador regional, será formalizado por su intervención en calidad de autor del delito de fraude el fisco consumado, ocurrido en el mismo periodo.
También se formalizará a Pablo Bracchitta - quien era gerente de las inmobiliarias que vendieron los terrenos - como autor del delito de fraude al fisco consumado, por los hechos que habrían ocurrido ese mismo periodo de tiempo.
También serán formalizados Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic Govorcin, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud, todos como presuntos autores de delito tributario, por hechos ocurridos en abril de 2021.
En la misiva firmada por fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, se pide que se acceda a lo solicitado, fijando una audiencia de formalización de la investigación en contra de los imputados individualizados anteriormente.
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Fue el 24 de septiembre de 2020, que un reportaje de Radio Bío Bío puso al descubierto lo que sería uno de los presuntos casos de fraude al Fisco más grandes ocurridos al interior del Gobierno Regional de Coquimbo, luego de que la institución —entonces liderada por la exintendenta Lucía Pinto— decidiera comprar un lote de terrenos a un grupo de inmobiliarias por $9.800 millones, operación que fue rechazada en más de una ocasión por la Contraloría, ya que no se apegaba a la legalidad.
Este hecho motivó el inicio de un sumario administrativo al interior del GORE por parte de la Contraloría, mientras que el exfiscal nacional, Jorge Abbott, designó a la persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que indagara la existencia de un presunto delito, iniciativa a la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado.
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Desde entonces, diversos reportajes de Diario El Día han dado a conocer detalles del actuar de los involucrados, profundizando en su modus operandi. Asimismo, distintos actores del mundo político se han hecho parte del caso. Además, se conformó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.
Una de las últimas informaciones en este marco la dio a conocer en agosto de 2024 Diario El Día, cuando, en exclusiva, los abogados de los empresarios que conforman el Grupo CPS se refirieron al caso, calificándolo como una “polémica artificial con evidentes móviles políticos”.
Fuente: DiarioElDia Región