Red de robo y exportación de cobre: 13 imputados reciben bajas penas

Luego de dos años de trabajo investigativo entre el Ministerio Público, la PDI y Aduanas, en abril de este año, se logró desmantelar una estructura criminal internacional que estaba detrás del robo de cables y de diversos insumos de cobre en distintos lugares de Chile para, posteriormente, procesarlo ilegalmente y comercializarlo principalmente en el extranjero.

Los detectives de la Brigada de Investigación Criminal La Serena y la Fiscalía de Focos Investigativos de Coquimbo, revelaron el funcionamiento de esta banda, integrado por nacionales y extranjeros que operaban entre las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, y cuyo líder sería, presuntamente, el militante y excandidato a alcalde de la comuna-puerto del Partido Republicano, Francisco San Martín.

"La ‘Operación Oro Rojo’, desarticuló esta organización criminal tras una compleja labor de análisis e inteligencia policial, dirigida por el Ministerio Público y la planificación en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal La Serena, la Brigada de Lavado de Activos Metropolitana y la Fuerza de Tarea del Cobre de la PDI", explicó Ernesto León, jefe de la Región Policial de Coquimbo.

Más de 50 mil kilos de cobre fueron incautados en diversos productos y formas como cátodos, láminas, lingotes y cables eléctricos, entre otros. Insumos que mantenía esta organización criminal en las distintas etapas del proceso, desde el acopio, fundición, reciclaje, fabricación, traslado y embalaje para su exportación a India y Bélgica.

En junio de 2024, durante una fiscalización desarrollada por la Aduana Regional de Valparaíso se descubrió el intento de exportación ilegal de cobre. Se trataba de 22.635 kilos valorizados sobre los 171.557 dólares. La mercancía correspondía a 19 pallets con lingotes dentro de un contenedor que pretendía ser enviada desde el puerto de Valparaíso a Europa.

Tras reunir todos los antecedentes, Aduanas presentó la denuncia por el delito contemplado en la Ordenanza Aduanera. En total fueron más de cuatro días de audiencia en el Juzgado de Garantía para formalizar a 18 imputados logrando 15 prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público - incluyendo para Francisco San Martín - , todas las cuales fueron otorgadas por el tribunal.

Los primeros 13 condenados

En un procedimiento abreviado, 13 personas detenidas en la llamada “Operación Oro Rojo”, fueron condenadas a penas entre 61 y 541 días. Siete acusados recibieron beneficio condicional por uno a tres años como autores de los delitos asociación criminal, receptación y lavado de activos.

El magistrado Gonzalo Martínez Merino aplicó a otros cinco acusados penas sustituidas por libertad vigilada intensiva por igual lapso. Una sentenciada deberá cumplir la pena bajo reclusión domiciliaria parcial nocturna.

Además se impuso a los acusados las accesorias legales correspondientes y se ordenó el comiso de las especies incautadas y multas.

"Las personas condenadas deben además pagar multas que van desde las 10 a 20 UTM y además se les incautó bienes como vehículos, dinero o telefonía celular", destacó Nicolás Zolezzi fiscal del caso.

Tres personas - entre ellas Francisco San Martín - permanecen en prisión preventiva mientras enfrentan una investigación por tres delitos tributarios, dos aduaneros, asociación ilícita, receptación reiterada y lavado activos.

Asociación ilícita

El tribunal determinó que desde al menos 2014 hasta las fechas de las detenciones los sentenciados conformaron una asociación criminal dedicada al comercio ilegal principalmente del cobre. Comercializaban metal proveniente principalmente del robo perpetrado por terceros desde faenas mineras hasta su exportación vía marítima hacia Europa con documentación falsa.

Cada integrante ocupaba una posición específica para concretar el plan delictivo que incluía receptación simple o reiterada asociada a crímenes como delitos tributarios o contrabando generando ganancias ilícitas ocultadas mediante lavado activos.

El fiscal regional Patricio Cooper valoró los resultados obtenidos destacando "la fortaleza del trabajo policial e investigativo".

¿Qué es un procedimiento abreviado?

Es una modalidad especial dentro del proceso penal chileno que permite llegar a un acuerdo entre fiscal e imputado para evitar juicio oral a cambio de una pena reducida. Se aplica a delitos con penas menores a cinco años.

Fuente: DiarioElDia Región