Regulación de criaderos de perros: entre formalidad e informalidad

Los criaderos de perros en el país enfrentan una realidad dispar, marcada por altos niveles de informalidad. En este escenario conviven recintos debidamente registrados con una proliferación de espacios ilegales que, en la práctica, operan como verdaderas "fábricas de cachorros".

Si bien la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, conocida como "Ley Cholito" y vigente desde 2017, busca regular esta actividad, la falta de una reglamentación robusta ha facilitado situaciones de maltrato, hacinamiento y venta ilegal de animales, muchos de los cuales viven en condiciones insalubres.

En contraste, quienes operan dentro de la legalidad no solo cumplen con las exigencias normativas, sino que además promueven el bienestar integral de los animales, incluyendo seguimiento una vez que estos son entregados a sus nuevos dueños.

"Quienes realmente se dedican a esto cumplen con todos los requisitos. Lamentablemente, debido a los informales, muchas veces son puestos todos en el mismo saco", explica el médico veterinario Roberto González.

A su juicio, uno de los principales problemas radica en vacíos normativos. Si bien existe una ley, el Registro Nacional de Criadores no se encuentra plenamente operativo, lo que dificulta la fiscalización y favorece la proliferación de recintos ilegales.

"Muchos aprovechan este vacío legal y ven esta actividad solo como un negocio, interesándoles únicamente generar camadas para la venta", advierte González.

Desde el ámbito de la protección animal, la animalista Claudia Parra coincide en que la informalidad responde, en parte, a falencias en la legislación.

"No solo se debe fiscalizar para evitar el maltrato y el funcionamiento de un mercado negro a través de redes sociales, sino que también debiera existir financiamiento estatal para quienes realmente trabajan por el bienestar animal", sostiene Parra.

Uno de los principales canales de operación de los criaderos ilegales son las redes sociales, donde se comercializan cachorros sin ningún tipo de regulación. En muchos casos, estos son separados de sus madres antes del tiempo recomendado, lo que puede derivar en problemas de salud y comportamiento.

Aunque desde 2022 se han incorporado nuevas exigencias sanitarias, la ausencia de un catastro oficial dificulta el control efectivo por parte de las autoridades.

En contraposición, los criaderos formales operan bajo estándares éticos, cumplen con la normativa vigente y cuentan con certificaciones que respaldan sus procesos.

La persistencia de prácticas irregulares ha motivado investigaciones por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público con el objetivo de desarticular redes que priorizan el lucro por sobre el bienestar animal.

En Chile, la fiscalización recae principalmente en las municipalidades y en la autoridad sanitaria en el marco de la Ley de Tenencia Responsable. Los municipios deben velar por el cumplimiento de normas de bienestar animal, higiene y seguridad.

En La Serena se realizan controles permanentes y se ha implementado una sección especializada dentro del área municipal. Esta unidad ha llevado a cabo diversos operativos para rescatar perros en condiciones precarias y cuenta con un Centro Médico Veterinario Municipal.

La seremi de Salud es responsable de supervisar las condiciones sanitarias e higiénicas mientras que la Subsecretaría administra el Registro Nacional. En cuanto a denuncias por maltrato animal — conducta que hoy constituye un delito —, se puede recurrir a Carabineros o al Ministerio Público.

Pese a existir normativa específica para los criaderos, su implementación efectiva continúa siendo un desafío. Esto mantiene abierto el debate sobre fortalecer los mecanismos de control y protección animal.

Fuente: DiarioElDia Región