Sostenedora del Christ School tiene 5 días para subsanar observaciones

La crisis que afecta al Colegio Christ School de La Serena ha alcanzado un nivel dramático, poniendo en jaque la continuidad de al menos 800 estudiantes y revelando una compleja trama de estafa, burocracia estatal y deudas bancarias. Elsa Parra, sostenedora de la corporación que busca retomar la administración del colegio, señala que la traba principal para su reapertura es la exigencia del Ministerio de Educación (Mineduc) de ceder la propiedad gratuitamente por ocho años y que no le otorguen un nuevo reconocimiento oficial.

El problema de fondo, según Parra, se originó hace años a partir de una estafa que afectó a 17 colegios de su propiedad en diversas regiones del país, incluyendo el de la zona. "Yo fui estafada, pues, era la antigua dueña. Entonces, no puedo seguir con el RBD porque una persona lo anuló y estafó", explica Parra, quien señala que la estafa se perpetró con la inmovilidad de un seremi de la época en la Región del Bio Bio, permitiendo el traspaso fraudulento de 17 recintos en un solo día, sin que exigieran su firma y sin mayor exigencia de trámites, como le ocurre a ella ahora.

CUESTIONAMIENTO A FISCALIZACIONES

Parra relata que el responsable de la estafa fue un dependiente de su staff técnico, quien robó más de nueve mil millones de pesos. La sostenedora cuestiona duramente el rol del Mineduc durante el proceso, especialmente las 60 fiscalizaciones que la propia autoridad mencionó que hizo en su momento. "Que el ministerio diga que hizo 60 fiscalizaciones, que para mí es increíble, que con 60 fiscalizaciones lo hayan cerrado al final y el primer año con todas las denuncias que hice -que estaban robando y que era una estafa- no hayan escuchado, no hayan pasado solo tres millones de pesos de multa, siendo que este tipo robó más de nueve mil millones. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos está querellado contra y el ministerio no se querelló para nada", afirma.

Actualmente, el colegio se encuentra cerrado oficialmente (pero con clases) desde marzo de este año, sin el Reconocimiento Oficial (RO) necesario para matricular alumnos nuevos. Si bien existe un administrador provisional terminando el año escolar, el futuro del establecimiento es incierto.

Elsa Parra, cuya familia es dueña de la infraestructura y acarrea deudas con la banca por más de 800 millones de pesos, ve con frustración las exigencias del Mineduc para otorgar un nuevo permiso. "La principal (exigencia) es el contrato de arriendo, porque ellos quieren que yo ponga eso, yo diría que es la traba principal, porque quieren que yo ponga en comodato, o sea, que le regale el colegio por ocho años. Esto no nos permite pagar las deudas con los bancos, porque ellos exigen que sea sin fines de lucro", explica.

Parra y su corporación han intentado presentar un proyecto educativo pero se encontraron con un plazo de solo cinco días para subsanar observaciones, lo que considera una meta imposible de cumplir. Además lamenta que las autoridades no quieran aplicar ninguna excepción a la ley a pesar de la situación. "Hay leyes pero hay excepciones a la ley y ellos conmigo no quieren tomar ninguna excepción", indica la sostenedora.

LOS APODERADOS

En tanto los apoderados también cuestionan el accionar del Ministerio de Educación acusando que no han tenido voluntad y no piensan en lo principal que son los estudiantes. "Ese debe ser su principal rol pero no lo cumplen. Su función es dar educación y acá se desentienden de los estudiantes", precisan.

La apoderada que busca no tener problemas con el ministerio plantea que el colegio fue cerrado en marzo por lo que ellos se movilizaron e incluso se reunieron con el ministro acompañados por la sostenedora donde se comprometieron a agilizar todo pero presentaran la carpeta y la solicitud oficial. Sin embargo pasaron los meses y nunca respondieron ni siquiera los llamados telefónicos y ahora se enteran por la prensa que han rechazado la solicitud y le otorgan al sostenedor 5 días para subsanar las observaciones.

"Ellos saben que es imposible responder en ese tiempo al final no ha habido ninguna voluntad. Acá hay muchos niños TEA estudiando y no se sabe qué destino tendrán", señala una apoderada quien pide reserva de su nombre luego temen represalias.

EL CIERRE

El pasado 25 marzo luego investigar los antecedentes Superintendencia Educación determinó revocar reconocimiento oficial colegio partir año 2026. Pero asegurar continuidad término año escolar 2025 nombró administrador provisional. En julio Corporación Educacional DPC pidió plazo excepcional solicitar reconocimiento oficial.