Cuota Flores: detalles de querella contra senadora RN

La senadora Camila Flores (RN) se encuentra en una situación judicial complicada luego de que el Juzgado de Garantía de Valparaíso remitiera al Ministerio Público los antecedentes de una querella criminal en su contra.

Según la información obtenida por la Unidad de Investigación de Bío Bío, la querella describe un presunto esquema para obtener parte de las remuneraciones que el Congreso paga al personal de apoyo con fondos públicos.

El denunciante, Julio Lillo Catalán, quien fue jefe de gabinete de la entonces diputada desde 2019, con un contrato financiado por la Cámara de Diputadas y Diputados, afirmó que antes de recibir su primer sueldo, se le solicitó devolver una parte del dinero.

En el documento legal se detalla que la parlamentaria “le manifestó que atravesaba dificultades económicas y que necesitaba que éste le restituyera una parte de la remuneración que percibía”. A pesar de que inicialmente se planteó como algo temporal, la querella sostiene que se convirtió en una “exigencia derivada de la relación de dependencia funcional”, sin que se cumpliera la promesa de restablecer las condiciones originales.

Se señala que los pagos se realizaban directamente en dependencias del Congreso Nacional y posteriormente a través de una intermediaria identificada como Yolanda Olfos, secretaria de confianza de la legisladora. Según el escrito, Olfos coordinaba las recepciones de dinero siguiendo instrucciones de la senadora y en su propio beneficio.

Además de los descuentos económicos, Lillo afirmó que debía realizar “tareas domésticas, compras en supermercados y otras tiendas” a cualquier hora del día, debido a la posición jerárquica de Flores sobre su equipo parlamentario.

En este momento, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, está a cargo de las investigaciones junto al OS9 de Carabineros. Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) está monitoreando los antecedentes ante una posible querella por daños al patrimonio del Estado. El Ministerio Público deberá decidir si tomará declaración a la senadora y su secretaria como parte de la investigación en curso.