Delegado presidencial de Chañaral ocupa ilegalmente terreno fiscal

Una fiscalización de la Seremi de Bienes Nacionales ha revelado que Sebastián Urrejola Aranda ha mantenido una ocupación ilegal de un terreno fiscal en Portofino durante aproximadamente 16 años. Esta situación ha sido considerada como una infracción al principio de probidad administrativa por parte de Contraloría, quien ha ordenado a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario.

La Contraloría Regional de Atacama ha confirmado la ocupación ilegal de un inmueble fiscal en Portofino, comuna de Chañaral, por parte del actual delegado presidencial provincial, Sebastián Urrejola Aranda.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada ante la Contraloría por una persona que solicitó mantener su identidad en reserva. La denuncia advertía sobre la ocupación irregular del terreno.

A raíz de esta denuncia, Contraloría solicitó antecedentes a la Delegación Presidencial Regional de Atacama y a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, quienes entregaron sus respectivos informes.

Fiscalización confirma ocupación del terreno

De acuerdo con los antecedentes revisados por Contraloría, la Seremi de Bienes Nacionales había detectado en un catastro realizado en 2019 que Sebastián Urrejola mantenía una ocupación ilegal del inmueble fiscal ubicado en Portofino. Esta situación fue nuevamente constatada durante una fiscalización en terreno realizada el 2 de junio de 2026.

Según el informe, en el lugar existe una construcción o mejora de material ligero emplazada sobre una superficie de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, la que se encuentra cercada. La ocupación tendría una antigüedad estimada de 16 años.

La Seremi también indicó que actualmente Urrejola reside en Chañaral debido a sus funciones como delegado presidencial provincial y que frecuenta el inmueble durante los fines de semana. Además, se menciona que en noviembre de 2025, Urrejola manifestó su intención de renunciar a la Junta de Vecinos N° 26 de Portofino.

Tras analizar los antecedentes, Contraloría estableció que la ocupación ilegal del inmueble fiscal quedó “fehacientemente determinada” a partir de la fiscalización realizada por la Seremi. Esta situación infringe el principio de probidad administrativa que debe regir la actuación de las autoridades públicas.

En este contexto, Contraloría señaló que la ocupación del inmueble por parte del delegado genera un conflicto de interés debido a sus atribuciones legales vinculadas con la vigilancia y restitución de bienes fiscales.

A partir de estos antecedentes, Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario destinado a determinar la eventual responsabilidad administrativa de Sebastián Urrejola Aranda. La Subsecretaría deberá informar a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía dentro de un plazo establecido desde la recepción del oficio.

Paralelamente, se espera que la Seremi informe a Contraloría sobre el avance del procedimiento para poner término a la ocupación ilegal, el eventual cobro de una indemnización por el uso del inmueble y la restitución del terreno. En caso contrario, los antecedentes serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado para evaluar acciones legales y judiciales correspondientes.

En resumen, se confirma la ocupación ilegal del inmueble fiscal por parte del delegado presidencial provincial, lo que ha desencadenado un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.