Adrián Vega se une a investigación por irregularidades en Corporación GGV

La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se encuentra en medio de una de las crisis más profundas de su historia, con una deuda que alcanza los 86 mil millones de pesos. Esta situación la ha llevado a ser considerada como la corporación más endeudada del país. Ante este complejo escenario, la alcaldesa Daniela Norambuena ha convocado al exfiscal regional Adrián Vega para liderar las acciones judiciales y esclarecer las irregularidades que tienen a la institución bajo la mira del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República.

En una sesión extraordinaria del concejo municipal, Vega, quien actualmente se desempeña como asesor jurídico externo, presentó los avances de las investigaciones y las querellas penales interpuestas en representación de la municipalidad y sus entidades dependientes. Estas acciones legales se basan en tres informes de Contraloría y múltiples auditorías internas que revelan posibles malversaciones de fondos públicos, uso de boletas falsas y manejos financieros prohibidos.

Entre las causas más relevantes destaca el caso de las boletas falsas en el área de salud, donde se realizaron pagos por honorarios a empleados que no cumplían funciones efectivas. Tres implicados ya han sido condenados por fraude al fisco, pero tanto la fiscalía como la corporación han apelado para incluir el delito de lavado de activos. Se espera que la mayoría de los involucrados enfrenten un juicio oral por fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de dinero.

Otro aspecto crítico es la apropiación indebida de cotizaciones previsionales, un problema estructural que afecta principalmente al ámbito educativo. Según Vega, el 74% de las cotizaciones de los trabajadores nunca fueron pagadas, acumulando una deuda superior a los 41 mil millones de pesos por intereses y reajustes. "Fue una decisión financiera desastrosa, casi un suicidio institucional", señaló el abogado.

Las investigaciones también han revelado un manejo irregular de fondos públicos, con transferencias prohibidas entre las áreas educativa, sanitaria y administrativa central. A pesar de que desde 2015 la ley prohíbe transferir recursos educativos para otros fines, las auditorías confirman la existencia de una "bicicleta financiera" interna que operó durante años.

Además, se han realizado pagos por más de 4.500 millones de pesos a una sola entidad por Asesorías Técnicas Educativas (ATE), sin evidencia documental sobre capacitaciones o resultados. "Se pagaron servicios que no se acreditan y cuyos impactos son inexistentes. Muchos directores han declarado no conocer a quienes recibieron esos fondos", advirtió Vega.

En cuanto a la falta de control y responsabilidades, el informe 589 de Contraloría indica que más de 31 personas recibieron transferencias masivas desde cuentas institucionales sin figurar en el libro de remuneraciones. Esto evidencia una ausencia total de control interno y una gestión basada en criterios discrecionales durante años.

Hasta el momento, la investigación interna se centra en gastos rechazados por la Superintendencia de Educación y prestaciones sin sustento documental. Paralelamente, se están revisando contratos con empresas externas que podrían haber desviado recursos hacia fines distintos a los establecidos por ley. Toda esta información será entregada al Ministerio Público para su evaluación y posible formalización.

El equipo liderado por Vega espera completar el levantamiento documental en un plazo máximo de seis meses. Mientras tanto, la Corporación Gabriel González Videla busca mantener su funcionamiento diario bajo estricto control financiero y con la presión ciudadana para esclarecer responsabilidades. La magnitud del daño causado, junto con la dispersión de fondos y los pagos sin respaldo documental, han generado una convicción compartida: sin justicia ni transparencia, la educación y salud municipales seguirán siendo víctimas principales de una gestión marcada por el descontrol y la opacidad.