Fraude en la CGGV: rol de “palos blancos” de Nicole Cadena Munita

El juez de Garantía de La Serena, Pedro Rojas Castro, dará a conocer hoy su veredicto en el juicio abreviado contra tres funcionarias del área de salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, quienes reconocieron su participación en uno de los casos de corrupción más significativos detectados en la institución.

Las imputadas, identificadas con las iniciales K.R.S. (CESFAM Raúl Silva Henríquez), C.M.C. y A.F.F. (ambas del CESFAM Emilio Schaffhauser), admitieron haber emitido boletas irregulares y participar en un esquema de desvío de fondos públicos. Según la fiscalía, actuaron bajo la dirección de Nicole Cadena Munita, una de las principales cabecillas del fraude.

Durante el juicio, el fiscal Ricardo Soto explicó que el modus operandi consistía en que las acusadas recibían depósitos regulares en sus cuentas personales y luego transferían parte de esos recursos a terceros, quedándose con una fracción. El persecutor las imputó por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos, solicitando una pena total de 5 años de presidio.

Si bien estas tres funcionarias representan solo una fracción del grupo mayor que enfrentará un juicio oral, todas aceptaron voluntariamente el procedimiento abreviado, reconociendo haber sustraído fondos públicos de forma dolosa. "Son personas que han cooperado con la investigación, que devolvieron el dinero, y en ese sentido fue posible llegar a este procedimiento", señaló el fiscal Soto a Diario El Día, añadiendo que las causas de los demás imputados —algunos actualmente en prisión preventiva— continuarán a juicio oral.

Desde la Corporación Gabriel González Videla, el abogado Gonzalo Pinochet confirmó que el organismo se adhirió a las penas solicitadas por el Ministerio Público. "Como corporación apoyamos las sanciones por fraude al fisco y lavado de activos, que suman 5 años de presidio para cada una de las tres acusadas. Estamos a la espera de la sentencia condenatoria", precisó.

Por su parte, la abogada Bianca Pfeng Leal, representante de dos de las imputadas, destacó la colaboración de sus defendidas desde el inicio de la investigación. "Ellas restituyeron la totalidad del dinero defraudado y han cooperado con la fiscalía. Por lo tanto, estamos conformes con las penas solicitadas y con la aplicación del procedimiento abreviado", afirmó. La profesional explicó que las acusadas deberían cumplir una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, sin ingreso a la cárcel.

En tanto, el abogado Enrique Labarca, exfiscal regional y actual representante legal del municipio de La Serena, aclaró que el juicio abreviado fue un acuerdo entre la fiscalía, las defensas y los querellantes —el municipio y la corporación—, condicionado a la reparación económica. "Aceptamos esta salida judicial porque las acusadas realizaron depósitos significativos como restitución del daño. Las penas se ajustan al Código Penal en materia de fraude y lavado de activos", sostuvo.

Labarca agregó que la sentencia permitirá determinar si los hechos configuran ambos delitos o solo fraude al fisco. "La discusión es si la recirculación del dinero constituye lavado de activos o si el delito se agotó con el fraude. Desde la fiscalía, la corporación y el municipio estimamos que sí hubo lavado, porque se intentó ocultar el destino de los dineros apropiados", indicó.

El fallo del juez Rojas Castro marcará un hito dentro de la causa, que involucra a más de una decena de funcionarios y exfuncionarios vinculados al área de salud municipal, y que mantiene en alerta a la administración local por el impacto del fraude en los recursos públicos destinados a la atención primaria.