31 de mayo de 2025
Un verdadero remezón institucional ha provocado a lo largo de los últimos días, el informe de la Contraloría General de la República, que reveló que cerca de 25 mil funcionarios públicos a nivel nacional habían viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. En total, el organismo detectó que estos casos se distribuyen entre 777 instituciones públicas del país, lo que ha generado una ola de críticas, investigaciones administrativas y se han anunciado posibles acciones judiciales.
En lo que respecta a la Región de Coquimbo, se han identificado más de 400 casos en que trabajadores del sector público habrían utilizado permisos por enfermedad para salir del país. En este sentido, es importante precisar que la cifra alude a casos individuales y no a personas únicas, ya que un funcionario pudo haber incurrido en esta práctica en más de una ocasión.
Precisamente, una de las instituciones públicas investigadas fue la municipalidad de Coquimbo, con 150 de estas situaciones irregulares entre 2023 y 2024, la mayoría de ellos correspondiente al Departamento de Salud municipal. No obstante, y según fuentes a las que accedió Diario El Día, varios de estos funcionarios ya no se encuentran trabajando en la institución, pese a que aún persiste un número menor de empleados municipales activos que aún prestan sus servicios allí.
En efecto, según información exclusiva obtenida por El Día, existe una lista con 12 funcionarios identificados, incluyendo profesionales, técnicos, administrativos y directivos, todos ellos, en activo. Eso sí, en dicha lista, no están incluidos trabajadores del área de la salud municipal.
LA LISTA DE LOS 12
En relación a aquellos trabajadores bajo la modalidad de planta que aparecen consignados en el listado —y según se pudo corroborar en la página de Transparencia Activa del municipio de Coquimbo— éstos corresponden a Sandra Pérez Aguirre (técnico, oficial de sala en el Segundo Juzgado de Policía Local), Jaime Valenzuela Carrasco, actual director de Tránsito de Coquimbo, Felipe Hernández Díaz (profesional, encargado de la Oficina de Rentas y Patentes, Departamento de Finanzas), Monserrat Herrera Campos (profesional, encargada y contraparte técnica del Programa Convenio SERNAC, Departamento de Asesoría Interna y Comunitaria), y Gastón Pizarro Cartajena (administrativo, fiscalizador del retiro de basura domiciliaria en el Departamento de Aseo y Ornato).
También bajo la modalidad de planta aparecen Fabián Arancibia Cortés (jefatura, apoyo profesional, Dirección de Salud y Cementerio) y Marcela Rojas Araya (profesional, apoyo Departamento de Adquisiciones y Propuestas Públicas DAF).
Como profesional bajo el Código del Trabajo, en tanto, aparece el abogado José Luis Larrondo Salas, quien presta servicios en el Departamento de la Vivienda y la Dirección de Desarrollo Comunitario desde 2018.
Finalmente, en relación a los trabajadores a contrata que aparecen en el listado, se encuentran Felipe Acevedo Fuentes (profesional, actuario en el Primer Juzgado de Policía Local desde 2019), Denys Tapia Espinosa (administrativo, apoyo técnico en la Dirección de Aseo y Ornato desde 2016), Juan Guillermo Egaña Fajardo (técnico, apoyo en el Departamento de Finanzas, Dirección de Administración y Finanzas desde 2022) y Liz Cuello Cortés (técnico, administrativa en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso desde 2019).
NO A LA IMPUNIDAD
Según pudo conocer El Día, muchos de estos casos — y tal como lo evidencian los años de ingreso de algunos trabajadores — corresponden a funcionarios contratados durante la administración del exalcalde Marcelo Pereira, e incluso, algunos datan del periodo anterior.
Frente a este complejo escenario, cabe recordar que el actual alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, en su rol de presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo, sostuvo esta semana una reunión con el contralor regional Hugo Segovia, instancia en la que también participaron la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, y el diputado Daniel Manouchehri.
El objetivo, afirmó, fue unificar criterios de acción y clarificar qué medidas administrativas y legales pueden aplicarse para estos casos.
Al respecto, el jefe comunal fue enfático al señalar que “estos casos no pueden quedar impunes”, y anunció una serie de sumarios administrativos para determinar responsabilidades y evitar que prácticas como estas vuelvan a repetirse a futuro.
Fuente: DiarioElDia Región