Ciencia confirma identidad de Bernarda Vera, desaparecida en 1973

En una diligencia de alto impacto para la justicia chilena, el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, entregó este lunes resultados definitivos que cambian el estatus de uno de los casos más emblemáticos del Plan Nacional de Búsqueda.

Según los informes oficiales, se ha logrado confirmar científicamente el paradero de una persona que fue buscada por décadas como víctima de la dictadura.

El proceso de identificación se basó en análisis de ADN realizados por el Servicio Médico Legal (SML), utilizando muestras cotejadas con el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos. Durante el encuentro con los parientes, el juez Mesa “confirmó a la familia de Bernarda Vera Contardo, quien figuraba como detenida desaparecida desde 1973, que las pruebas de ADN ratifican su identidad con vida”.

El rigor técnico del informe pericial genético fue clave para cerrar la incertidumbre, “estableciendo científicamente una probabilidad de identificación superior al 99,9999%”. Este resultado permite descartar definitivamente la tesis de su fallecimiento en los años setenta, respaldando las líneas de investigación más recientes del Ministerio de Justicia.

Durante 50 años, el nombre de Bernarda Vera permaneció en los registros del Informe Rettig, donde se indicaba que había sido presuntamente ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén. Sin embargo, el Plan Nacional de Búsqueda descubrió un rumbo distinto: la exmilitante del MIR “habría escapado por la cordillera”, logrando asilarse posteriormente en Suecia.

Las indagatorias permitieron ubicarla en la actualidad residiendo en la ciudad de Miramar, Argentina. Este hallazgo representa un éxito para la institucionalidad de Derechos Humanos en Chile, al otorgar respuestas concretas tras medio siglo de búsqueda por parte de sus familiares.

A pesar de la relevancia pública del hallazgo, el tribunal ha priorizado la seguridad y la privacidad de los involucrados. El magistrado Mesa “fue categórico en establecer un marco de protección legal y privacidad sobre el proceso”, instruyendo que la causa se mantenga bajo un estricto secreto de investigación.

El informe de ADN se considera un documento de carácter reservado y su contenido detallado fue entregado de forma exclusiva al círculo familiar directo. Con este paso, la justicia busca equilibrar el derecho a la verdad con la protección de la vida privada de la mujer hallada en Argentina.