Desalojo de La Varilla: Complejo laberinto jurídico y social

Tras las recientes declaraciones de la alcaldesa de La Serena, quien sugería un inminente desalojo en la toma La Varilla, las expectativas en la opinión pública han aumentado notablemente. Sin embargo, detrás de la promesa de una restitución rápida se esconde un complejo engranaje que mezcla propiedad de la tierra, burocracia estatal y desafíos logísticos.

Para entender cómo funciona realmente este sistema, expertos estiman que hay distintas aristas jurídicas, así como el rol del Ministerio del Interior y, la gran piedra de tope en el caso de La Varilla, la falta de certezas sobre el territorio y sus habitantes.

En efecto, el punto de partida es saber de quién es el terreno de La Varilla, pues se debe determinar con exactitud para iniciar cualquier acción el origen y la titularidad de la propiedad. En el caso de ser terrenos privados, la vía correspondiente es la penal y se persigue bajo el delito de usurpación a través de una querella ante el Juzgado de Garantía, proceso que busca obtener una condena que ordene formalmente la restitución del predio. En este caso la agilidad del proceso dependerá de los tribunales.

Cuando se trata de terrenos públicos, la vía es administrativa. En este escenario, es el Ministerio del Interior -a través del delegado presidencial regional- quien debe emitir una resolución de restitución.

Calendario de desalojos

Una vez emitida la resolución administrativa, el caso entra a un riguroso "calendario de desalojos" coordinado por el Ministerio del Interior. Ello se define según la priorización que se le dé al lugar y ahí se determina la fecha y los recursos que hay que invertir. Además, el auxilio de la fuerza pública requiere coordinaciones complejas, que muchas veces implican trasladar contingente policial desde otras regiones.

La Varilla, un rompecabezas

Aunque el discurso oficial suele simplificar la situación de La Varilla, la realidad en el terreno es sustancialmente más intrincada, ya que no se está ante un paño de tierra homogéneo. En este sector conviven terrenos de distinta naturaleza: áreas netamente fiscales junto a propiedades que ya han sido regularizadas y que, por ende, son de carácter privado. Esta superposición de realidades jurídicas impide aplicar una única receta administrativa para todo el sector, obligando a trazar estrategias paralelas para cada porción de terreno.

Más allá de los papeles y las escrituras, el desalojo de un asentamiento de esta magnitud arrastra un componente social ineludible. Y es que cualquier desalojo pueda ingresar formalmente al calendario de Interior, se requiere de un diagnóstico previo que hoy parece estar incompleto.

En efecto, actualmente, no existiría un catastro definitivo y fidedigno del número de familias, personas y viviendas en La Varilla. Y la tarea es sumamente compleja: al no existir numeraciones de casas, medidores de luz ni servicios básicos formalizados, trazar el Registro Social de Hogares (RSH) de las personas se vuelve una labor lenta y de difícil ejecución.

Las estimaciones de población son elocuentes en su disparidad, variando desde los 1.700 habitantes hasta los 5.000, según diversos actores.

"¿Es posible un desalojo en dos meses?"

Frente a la sensación de inminencia instalada en la agenda local, las expectativas de un desenlace relámpago -aunque no se descarta del todo- es posible si se cumplen ciertas condiciones clave.

"Si hay voluntad y las cosas se hacen rápido, podría salir en dos meses. Pero eso asumiendo que el catastro ya esté hecho y que Bienes Nacionales y el municipio tengan absoluta claridad de cuáles terrenos les corresponden a cada uno. Si esa información previa no está consolidada, los plazos se extenderán inevitablemente más allá de ese marco."

En este complejo escenario, el rol de la seremi (Secretaría Regional Ministerial)de Seguridad Pública se centra en la facilitación técnica: coordinar a las distintas instituciones; analizar los riesgos asociados a la intervención; vincularse con las policías; y hacer un seguimiento estricto a los compromisos adquiridos. No obstante, para que la maquinaria empiece a andar efectivamente primero tienen que sentarse todos a la mesa.