Investigación sin avances sobre liberación de miembros del Tren de Aragua

El Juzgado de Garantías de Los Vilos, bajo la dirección de la jueza Daniella Pinto Cortés, tomó la decisión el 3 de junio de 2024 de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total, firma mensual y arraigo nacional para cinco imputados relacionados con el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana acusada de graves delitos en Chile. Esta determinación generó controversia pública debido a los cargos que enfrentaban los acusados, que incluían secuestro agravado, robo con intimidación, asociación ilícita y otros delitos de alta relevancia social.

Cada uno de los imputados debía abonar una fianza de 5 millones de pesos para obtener su libertad bajo las nuevas condiciones. La resolución judicial tomó por sorpresa a las autoridades locales y al Ministerio Público, quienes iniciaron investigaciones para esclarecer responsabilidades.

En medio de esta situación, durante la audiencia en la que se discutían las medidas cautelares, se cuestionó la falta de preparación del abogado asistente del Ministerio Público de Los Vilos, Luis Soto Pérez. La jueza observó que el profesional no estaba adecuadamente informado sobre el caso ni proporcionó los elementos necesarios para mantener la prisión preventiva.

Tras la resolución judicial y las reacciones posteriores, la fiscalía regional de Coquimbo ordenó una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido en la audiencia. La Corte de Apelaciones de La Serena revocó la medida que había liberado a los imputados bajo fianza, ordenando su regreso a prisión preventiva.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyó una investigación penal independiente para determinar posibles responsabilidades funcionales o delitos asociados al actuar del abogado asistente durante la audiencia. Para llevar a cabo esta investigación penal se designó al fiscal regional de Atacama en ese momento, Alexis Rogat Lucero.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida expresó su preocupación por la demora en las investigaciones: "Aquí hubo una situación extremadamente irregular... El fiscal nacional tiene que tomar medidas porque se requiere con urgencia saber qué pasó". Por su parte, el diputado Víctor Pino destacó la importancia de esclarecer lo ocurrido y señaló que la liberación de los integrantes del Tren de Aragua no puede quedar sin responsables.

El caso se produjo en el contexto de operativos nacionales contra el Tren de Aragua, organización internacional involucrada en secuestros, homicidios, extorsiones y tráfico de drogas. En Chile, esta agrupación ha sido vinculada con hechos violentos en distintas regiones del país.

La decisión del tribunal y la actuación del representante del Ministerio Público generaron críticas políticas y sociales, con parlamentarios y autoridades locales exigiendo explicaciones. Expertos en derecho penal calificaron el episodio como "un fallo institucional grave" y destacaron la necesidad de reforzar la capacitación y supervisión interna de fiscales y abogados asistentes en audiencias complejas.