Estructura jerárquica del Tren de Aragua en La Araucanía
Coordinados desde Santiago 1, miembros de facción del Tren de Aragua realizaban entregas de droga como si fuera un servicio de delivery, todo desde la cárcel.
11 de julio de 2026
En un golpe estratégico contra el crimen organizado transnacional, la Fiscalía Regional de La Araucanía procedió este sábado a la formalización de la investigación penal en contra de 38 imputados. A los sujetos se les acusa de integrar una facción activa de la organización criminal venezolana “Tren de Aragua”, la cual había asentado sus operaciones logísticas y comerciales en la zona sur del territorio nacional. Tras un masivo operativo interagencial ejecutado simultáneamente en las comunas de Temuco y Santiago, el Ministerio Público imputó cargos por los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos.
Los antecedentes acumulados durante la fase indagatoria permitieron establecer que la célula criminal mantenía una estructura rígidamente jerarquizada y que sus operaciones eran coordinadas de manera remota desde el interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
El diseño de la ruta delictiva contemplaba el ingreso de las sustancias psicotrópicas por los pasos fronterizos de la zona norte del país. Luego, su acopio temporal en la Región Metropolitana y su posterior traslado terrestre hacia la capital de La Araucanía, punto geográfico donde la droga se comercializaba masivamente utilizando una red de distribución bajo la modalidad de “delivery”.
El desglose de los allanamientos arrojó inicialmente la captura de 35 personas, cifra que tras el control de detención e integraciones posteriores se consolidó en un grupo de 38 imputados: 29 ciudadanos de nacionalidad venezolana y seis chilenos. Según el fiscal regional Roberto Garrido, esta organización criminal exhibía un nivel sofisticado administrativo y financiero, similar a un modelo comercial pero aplicado al crimen.
“Más que personas que se dedican a vender sustancias psicotrópicas, se trata de una verdadera organización criminal que tiene diferentes estructuras y liderazgos”, detalló Garrido.
La investigación penal reveló que los distribuidores locales debían pagar un tributo criminal periódico a la cúpula de la banda —llamado internamente “fichas”— para operar en los cuadrantes designados. Además, disponían de un sistema cerrado de préstamos con intereses internos para financiar a los microtraficantes y asegurar su subordinación económica.
La indagatoria busca determinar el destino de los activos financieros generados por el “delivery” en el sur, así como los nexos entre los líderes recluidos en Santiago 1 y los receptores finales del dinero. Mientras tanto, la audiencia de formalización continúa en desarrollo en los tribunales correspondientes, donde se presentarán pruebas para solicitar medidas cautelares más severas —como prisión preventiva— para todos los involucrados, argumentando el peligro que representa este cartel para la seguridad regional.
Fuente: Publimetro
